EL REGALO DEL SUELO PUBLICO A LA EDUCACIÓN PRIVADA

Lo que el Ministerio de Educación no se atrevió a plantear inicialmente en el proyecto de ley de mejora de la calidad educativa (LOMCE), lo va a incorporar el PP en el trámite parlamentario de la ley y previsiblemente lo sacará adelante gracias a su mayoría absoluta. Entre las 42 enmiendas que los conservadores han presentado a la reforma del ministro José Ignacio Wert (que hoy se empiezan a debatir en la comisión de Educación del Congreso), se ha colado la posibilidad de que la Administración ceda suelo de titularidad pública para la construcción de escuelas privadas concertadas. Esta medida, no prevista en el texto inicial de Wert, supone el espaldarazo definitivo de la

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Información publicada en lapágina 30 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 24 de septiembre de 2013VER ARCHIVO (.PDF)

LOMCE a los intereses de la escuela privada. La oposición y los sindicatos denuncian que esto supondrá el desmantelamiento del sistema escolar público.

El PP justifica esta enmienda («las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional», dice el texto), diciendo que dará «mayor flexibilidad a la gestión de las administraciones educativas». En definitiva, otorgará cobertura legal plena en toda España a una iniciativa liderada por los sectores más ultraliberales del partido en varias autonomías, como la valenciana y sobre todo Madrid.

En esta última comunidad, el modelo impulsado por la expresidenta Esperanza Aguirre ha permitido construir en los últimos años casi 90 centros privados concertados en parcelas públicas. Los sindicatos calculan que se han cedido más de un millón de metros cuadrados. La Comunidad Valenciana se sumó a la fórmula en el 2011 pero todavía no ha construido ninguno de la docena de centros proyectados.

RESQUICIO EN LA LOE /«Lo que hasta ahora era tan solo un resquicio abierto en la anterior ley educativa, la LOE, y que ya se recoge claramente en el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, se consolida en la LOMCE», explica Ramon Plandiura, profesor de la Universitat Pompeu Fabra y experto en legislación educativa. De hecho, agrega Plandiura, también la ley de Educación de Catalunya (LEC) prevé la posibilidad de que las «administraciones públicas auspicien ampliaciones, mejoras, reformas y nueva construcción de edificios destinados a centros privados concertados». Pero no habla de cesión de terrenos, entre otras cosas porque es una ley más ambigua en lo que a la concertada se refiere, sostiene el experto.

Lo que hará la ley Wert, una vez haya incorporado las enmiendas del trámite parlamentario, será «extender la enseñanza privada concertada, lo que demuestra, una vez más, que la LOMCE es una ley ideológica, que en realidad no busca la mejora del sistema educativo», denuncia Francesc Imbernon, profesor de Didáctica y Organización Educativa de la Universitat de Barcelona. «Madrid, la Comunidad Valenciana y, en menor medida, las Baleares son los centros experimentales del PP en materia educativa y la reforma que pretende imponer Wert no hace más que copiar esos modelos», denuncia Imbernon.

Francisco García, secretario de Enseñanza de CCOO, y Mario Bedera, portavoz parlamentario del PSOE, consideran que este modelo supone una peligrosa deriva hacia la privatización y pone en peligro la equidad al permitir la segregación del alumnado por estrato social y económico. «Poner suelo público a disposición de los colegios privados es abrir la espita a que la enseñanza pública se subordine a la privada», sentencia Bedera. «Al establecer también que en los conciertos se tendrá en cuenta la demanda social, eso supone que al final los colegios eligen a los alumnos. Más que eso ya sería ya abolir la escuela pública», considera el exsecretario de Estado de Educación.

OTRAS MEDIDAS / Además de facilitar la instalación de colegios concertados en suelo público, la reforma educativa prevé que los conciertos con centros educativos privados se amplíen de los cuatro años actuales a seis. Además, establece que los colegios que segregan a sus alumnos por sexos pueden convertirse en concertados, disipando así la ambigüedad que plantea actualmente la LOE sobre este asunto.